Apoyo a los trabajadores electricistas del SME

Se requieren medidas contundentes para frenar ofensiva contra trabajadores: Grupo Sur
Llaman intelectuales a fuerzas progresistas y de izquierda a apoyar el paro nacional
Afirman que el golpe contra electricistas creó una posibilidad de ruptura política sin precedente
Andrea Becerril

Periódico La Jornada
Domingo 8 de noviembre de 2009.
Escritores, cineastas, académicos e investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México que participan en el Grupo Sur hicieron un llamado a todos los sectores progresistas, populares y de izquierda a empeñar todos los esfuerzos de unidad para respaldar el paro nacional del próximo día 11, convocado por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), pues se requieren medidas contundentes y de alcance nacional para detener la ofensiva del gobierno contra los trabajadores y las organizaciones gremiales.

Es necesario “generar una convergencia amplia de los oposiciones, las resistencias y las disidencias –políticas, regionales, sectoriales y de clase– en torno a los electricistas. En este momento y por encima de diferencias ideológicas o programáticas todos los segmentos que se definen como de izquierda y progresistas tienen el deber de incorporarse a la lucha por la defensa de Luz y Fuerza y el SME, subrayan Carlos Payán, Guillermo Almeyra, Cristina Barros, Víctor Flores, Armando Bartra y John Saxe Fernández, entre otros integrantes de dicho grupo.
Advierten que la propuesta de paralizar actividades en el país será una jornada decisiva en la lucha por la soberanía popular, la democracia y la defensa del petróleo y la electricidad, por lo que todos deben participar, con el fin de que tengan éxito ese paro y las demás acciones que lleven a cabo los integrantes del SME en defensa de su fuente de empleo y conquistas laborales.
La violencia empleada por el gobierno para liquidar a una empresa pública y sus trabajadores, y el intento descarado de convertir en botín de consorcios privados la estructura de fibra óptica de Luz y Fuerza, hará inevitable la radicalización de las medidas de resistencia.
El sindicato, factor de articulación de las izquierdas
En un pronunciamiento público signado también por Marco Buenrostro, Héctor Díaz-Polanco, Elvira Concheiro, Gerardo de la Fuente, Rosa Elena Gaspar de Alba, Epigmenio Ibarra, Massimo Modonesi, Lucio Oliver, Consuelo Sánchez, Gabriel Vargas Lozano, Mario Zepeda y Sergio Zermeño, el Grupo Sur advierte, en torno al control gubernamental de los sindicatos, que el SME ha sido, pese a todo, un factor de articulación para las izquierdas y las causas progresistas.
El SME ha sido punto de confluencia ineludible entre las luchas sociales y las instituciones, entre las resistencias civiles radicales –como Atenco, el zapatismo, la APPO–, las luchas universitarias y el movimiento de resistencia de Andrés Manuel López Obrador. Para el calderonato se trata de un símbolo a destruir, subraya.
Para el Grupo Sur, la inconstitucional liquidación de Luz y Fuerza, el acoso jurídico contra los electricistas y sus dirigentes y el linchamiento propagandístico de los sindicalizados han creado una posibilidad de ruptura política sin precedente desde el inicio de los gobiernos neoliberales.
Las medidas puestas en marcha por el gobierno federal constituyen un acto de desestabilización y una declaración de guerra contra todas las conquistas sociales, los derechos del pueblo mexicano y el proyecto nacional enarbolado por las izquierdas de este país a lo largo de un siglo.
Si se permite concretar el golpe contra el SME, la ofensiva se enfocará luego contra derechos y conquistas, como la autonomía universitaria, la presencia del Estado en la educación y la salud y a depredar todo lo que queda de la propiedad pública, insiste el Grupo Sur. Resalta que es imprescindible constituir un solo frente de lucha que una a obreros, campesinos, trabajadores, maestros, estudiantes, indígenas y activistas sociales por el reconocimiento de los derechos.

GRUPO SUR. Documento 6

Politizar la crisis

Grupo Sur

El mundo capitalista globalizado está frente a una gigantesca prueba: como un castillo de naipes, caen día a día las ideas-fuerza con que pretendió erigirse triunfante y sin rival en las últimas décadas. Ahora, van haciéndose evidentes sus falacias y sus límites.
1. La crisis económica, que aún está en sus inicios, muestra ya las graves dimensiones y la profundidad del desastre. Se trata de una crisis sistémica que trasciende con mucho los aspectos financieros; que alcanza a la base productiva y afecta todas las actividades económicas. Está en cuestión la lógica misma del capitalismo que, en su vorágine, ha generado una crisis energética, agro-alimentaria, del agua; que incide en el cambio climático y que pone en riesgo las condiciones de la vida en el planeta.
2. No se trata sólo del fracaso del neoliberalismo, que con sus agresivas medidas de desregulación y privatización lejos de haber evitado la crisis, la han precipitado. Si vamos a la raíz del problema, en estos momentos queda al desnudo la condición esencial de este régimen que se sustenta en la lógica implacable de obtención de ganancia máxima a partir de la explotación del trabajo humano y de la depredación y despojo de los recursos para la vida. En forma directa, lo que ha estado en juego estas cuatro últimas décadas es la estrategia decidida por el capital para lograr la recuperación del nivel de ganancia, que es su esencial interés.
3. Después de que, en los años setenta, la caída de las ganancias provocó la crisis de aquellos años, se impulsaron profundas transformaciones productivas, financieras y comerciales, que afectaron hondamente las condiciones de la fuerza de trabajo y el papel del Estado. La regresión que han sufrido las conquistas sociales, unida a la desregulación y privatización, configuraron una estrategia que permitió que bajo el dominio del dólar campeara la llamada financiarización, en la que todo (incluidas las pensiones, los recursos naturales, los conocimientos) entró en la lógica del mercado bursátil y se obtuvieron grandes ganancias producto de la compra-venta de deudas.
4. La faceta más frágil y corrupta, la dinámica financiera, en la que exorbitantes cantidades de dinero han bailado por años una siniestra danza, llevando recursos de los países pobres (o de las impúdicamente llamadas “economías emergentes”), hacia las grandes sedes del capital, particularmente Estados Unidos, permitió un aumento extraordinario de los créditos y la liquidez de la economía, ofreciendo títulos financieros de alta rentabilidad sin sustento productivo y generando un irracional esquema de consumo sin freno. Esto ha desembocado en un imparable quiebre de grandes bancos y aseguradoras, además de propiciar fabulosos fraudes.
5. Aspecto sustancial de esa estrategia “globalizadora” es que el considerable aumento de la productividad fue acompañado, por un lado, de un descenso relativo del salario y una progresiva desigualdad de ingresos y, por otro, del otorgamiento del crédito sin limite. Sin embargo, esta abundancia de capital crediticio estimuló no solamente el consumo sino también la inversión productiva y financiera. Al estallar la crisis crediticia se evidenció, inicialmente, el sobreendeudamiento de las familias y, en su desarrollo, una cada vez más clara crisis de sobreproducción. Así, los “paros técnicos” y el cierre de empresas han comenzado ya a ocurrir en cascada con su cauda de desempleo y miseria.
6. Esta crisis es mundial como ninguna otra. Pero esto de ninguna manera significa que México sea víctima inocente de un fenómeno externo. A lo largo de la historia contemporánea, aquí la clase dominante ha sometido al país, como resultado de sus propios intereses, a una persistente supeditación económica respecto a Estados Unidos. Paradójicamente, la dependencia se ha acrecentado cuando, en cambio, ha empezado a emerger en América Latina un polo solidario que busca desprender a la región de esta subordinación histórica. Frente a esto, gobernantes y empresarios mexicanos no sólo han dado la espalda a la integración latinoamericana, sino que concientemente han hipotecado nuestra suerte con la del país imperial. Sumado a un conjunto de políticas antipopulares e ineptitudes sin fin, se configura el aspecto interno de la crisis que hoy vivimos, de la que no pueden deslindarse los sucesivos gobernantes y los clanes económicos que han dominado el país.
7. Desde el primer momento de la crisis, un sector poderoso de las finanzas y las empresas se ha movilizado para obligar a los Estados a intervenir para poner a salvo sus intereses. Enormes recursos públicos se han destinado ya en un intento de parar la quiebra del sistema bancario y de las emblemáticas empresas capitalistas. En México, el sistema financiero en poder de la banca internacional y el sistema productivo exportador controlado por las empresas trasnacionales, han presionado igualmente y obtenido que la banca central inyecte decenas de miles de millones de dólares de las reservas, lo que no ha restablecido el crédito ni detenido la devaluación, pero si ha alentado la especulación de la divisa.
8. ¿Cuántos recursos más se requerirán? ¿Quién debe aportarlos? ¿Quién decide en qué deben utilizarse? En otras palabras: ¿sobre quién debe recaer la crisis?
9. Como siempre, los que nos han llevado al borde del abismo ya han tomado la decisión de que la crisis debe ser pagada por las grandes mayorías, mientras los pequeños grupos de intereses protegen sus empresas y fortunas. Y para ello piensan usar la palanca del Estado que, antes, execraban y apartaban de sus responsabilidades colectivas. Pero la crisis no es un mero episodio desafortunado ni una catástrofe natural que hay que asumir con fatalismo, lamentando el destino adverso. Los responsables de la implementación del neoliberalismo en México tienen nombres y apellidos y conforman un bloque de poder compuesto por intereses económicos y políticos precisos: priístas, panistas, empresarios, banqueros, rentistas y especuladores. Ellos son los responsables de nuestra crisis y ellos deben pagarla.
10. Pagar la crisis no significa tapar los hoyos del sistema financiero, salvar a los bancos, los banqueros y sus prósperos acreedores empresariales; significa denunciar y desmantelar los acuerdos mafiosos que alimentan la circulación del dinero en México y, en general, las políticas públicas en favor de pocos. Pagar la crisis no significa instrumentar intervenciones estatales paliativas ni solamente eliminar los escandalosos privilegios en la administración pública, y mucho menos endeudarnos aun más como se pretende con el nuevo préstamo solicitado al FMI, sino modificar substancialmente el papel del Estado, proteger la planta productiva y el empleo, reorientar radicalmente el gasto público, reformar progresivamente el sistema fiscal no sólo como medida de justicia sino como palanca fundamental para el desarrollo social. Es hora de someter a la banca a gestión pública, bajo control social y democrático, que permita abrir y transparentar realmente las cuentas; salvar a las víctimas de posibles estafas financieras; poner el crédito al servicio de las prioridades sociales y productivas. Es imperativo el control y reorientación de la Banca Central y de los movimientos del capital financiero.
11. Enfrentar la crisis, por tanto, no es cuestión de tecnócratas “doctos” en cuestiones económicas o financieras, ni de políticos aviesos. Es asunto vital de quienes se verán realmente afectados: trabajadores de la ciudad y el campo así como empleados de todos los servicios, que ven día a día en peligro sus fuentes de trabajo y nivel de ingreso; mujeres que viven una acrecentada discriminación por razones de género; niños y jóvenes que ven reducidas aún más sus condiciones y posibilidades de estudio y esparcimiento, migrantes, campesinos e indígenas, cuyas condiciones ya inhumanas de miseria se reproducen y agravan. Hay que comenzar por establecer un verdadero “blindaje social” para proteger a los trabajadores de la crisis, pugnando por la formación de un fondo para el empleo y los salarios, también a partir de una gestión y un control social.
12. Politizar la crisis significa reconocer su carácter político, buscar su origen en la toma de decisiones de los gobernantes, las cuales se realizaron a partir de la desigual distribución del poder, concentrado en manos de minorías que, bajo el lema de “liberalización” a ultranza, han privatizado, saqueado y despojado la riqueza pública producida colectivamente por los mexicanos; han utilizado el gobierno para desmantelar el Estado y liquidar el pacto social sancionado en la Constitución surgida del alzamiento revolucionario; han sistemáticamente atentado en contra de las redes populares, solidarias y comunitarias, subvertido sus valores; han reprimido y criminalizado a los movimientos populares cuando levantaron legítimas protestas y manipulado elecciones cuando los agravios se transformaron en rechazo y en la búsqueda de alternativas políticas.
13. Politizar la crisis quiere decir identificar los campos en conflicto, trazar una línea de separación entre los intereses de unos cuantos y los de la mayoría para exigir que los oligarcas paguen los daños y que dejen de imponer su exclusivo beneficio –el patrimonialismo que los hace actuar como dueños del país- presentándolo como bien común. Politizar la crisis es actuar organizadamente para cambiar el rumbo dejando atrás el cálculo egoísta, la inmensa desigualdad y la competencia de todos contra todos. En suma, politizar la crisis es construir una fuerza popular capaz de desarrollar una alternativa, un proyecto social solidario que vea por la mayoría, respete la naturaleza y en igualdad de condiciones construya espacios colectivos y comunitarios sobre los cuales refundar la sociedad.
Las soluciones a la actual crisis no vendrán de las camarillas económicas y políticas que la incubaron ni de sus cómplices en los aparatos gubernamentales. La reciente “cumbre” del G-20, en Londres, demuestra que en lugar de adoptar medidas para atacar las causas profundas del descalabro, se trata de seguir la misma ruta: salvar el modelo, inyectando enormes recursos públicos para el rescate del gran dinero, sin que nada apunte a combatir de raíz las prácticas depredadoras del capital, la desigualdad social y los graves problemas ecológicos, entre otros males.
Decíamos, en ocasión del fraude electoral de 2006, que valía la pena resistir. Hoy, tenemos que ir más allá, tenemos que tomar la iniciativa: vale la pena politizar y radicalizar la resistencia para superar el régimen oligárquico que nos hundió en la crisis y quiere perpetuarse haciéndonos pagar los costos. Es necesario propiciar, fomentar y participar en diversas formas de resistencia popular; de defensa de los desempleados, los deudores, los migrantes. Al mismo tiempo, es urgente pensar colectivamente en políticas alternativas, en nuevos principios económicos basados en la socialización y la participación democrática de los trabajadores. Es el momento de superar el corporativismo venal; de unir esfuerzos y organizarnos en nuestros lugares de vivienda y trabajo para detener el enorme desfalco que este gobierno y voraces empresarios están haciendo de los recursos de la nación y defender con energía las condiciones de vida del pueblo trabajador. Se prepara un nuevo asalto contra nuestro presente y nuestro futuro. ¡No debemos dejarnos!

27 de abril de 2009.

El Grupo Sur: Guillermo Almeyra, Cristina Barros, Armando Bartra, Marco Buenrostro, Elvira Concheiro, Héctor Díaz-Polanco, Javier Flores, Víctor Flores Olea, Gerardo de la Fuente, Rosa Elena Gaspar de Alba, Arturo Huerta, Epigmenio Ibarra, Massimo Modonesi, Pedro Miguel, Lucio Oliver, Carlos Payán, Consuelo Sánchez, John Saxe-Fernández, Gabriel Vargas Lozano, Mario J. Zepeda y Sergio Zermeño.

GRUPO SUR. Documento 5

La privatización de PEMEX: un crimen de lesa patria
Grupo Sur

15 de febrero de 2008

PEMEX es la empresa más rentable de México. Los ingresos derivados del petróleo representan alrededor del 50 por ciento del presupuesto federal. Se trata de una gigantesca fuente de riquezas que siempre ha despertado el apetito de intereses privados de dentro y de fuera. La expropiación de la industria petrolera decidida por Lázaro Cárdenas buscaba convertirla en un puntal del desarrollo del país. La riqueza petrolera bien empleada es una palanca para nuestro futuro y factor de nuestra independencia.
¿Si se privatizara PEMEX, a dónde irían estas cuantiosas ganancias? ¿De qué otra fuente obtendría el gobierno mexicano los formidables ingresos fiscales que dejaría de percibir? En verdad, la planeada “reforma” de PEMEX significaría la transferencia de fabulosas riquezas a manos privadas, principalmente extranjeras. Son incalculables los daños que se producirían al país. Debe decirse sin tapujos que quienes impulsan el despojo de la principal riqueza de México, conspiran contra la nación.

La historia reciente
Durante el sexenio de Miguel de la Madrid se optó por la venta de petróleo crudo en lugar de construir refinerías para elaborar nuestras gasolinas, mientras se desalentaron las ramas de la petroquímica que permiten mayores ingresos y menor dependencia. Los sucesivos gobiernos priístas siguieron los dictados del Banco Mundial y de Estados Unidos: sabotear el desarrollo de PEMEX para ponerlo en punto de venta.
Lo lograron en parte al imponerle exacciones fiscales que ninguna empresa del mundo puede soportar, mientras se consiente al sector privado con una baja carga tributaria. Es por ello que en apariencia la empresa pública no gana y está en “crisis”. Saqueando a PEMEX vía impuestos, escondieron su incapacidad para lograr una economía sana con un crecimiento sostenido. Correspondía a sus intereses seguir sangrando a PEMEX, en lugar de implementar medidas juiciosas y a favor de la nación. Asimismo, parte del guión para extenuar el sector energético fue el desmantelamiento de centros de investigación y desarrollo como los Institutos Mexicano del Petróleo, de Investigaciones Eléctricas y de Investigaciones Nucleares.
Con los gobiernos panistas esta vía llegó a su clímax. Vicente Fox y su pequeño grupo derrocharon los recursos adicionales que ingresaron al país gracias al alza internacional del precio del petróleo. Esos fondos no se utilizaron para fortalecer el sector productivo (incluyendo el campo y la propia industria petrolera); se fueron al gasto corriente y a algunos bolsillos.
¿Por qué les urge privatizar PEMEX?
Este manejo ineficiente y sesgado de sucesivos gobiernos, tiene hoy a la economía del país en grave trance. Por un lado, hay una fuerte deuda interna que proviene de los Proyectos de inversión diferidos en el gasto, PIDIREGAS; por otro, es un hecho que la crisis económica de Estados Unidos tendrá un fuerte impacto, pues habrá menos compras de nuestros productos, menos empleos para nuestros paisanos allá y menos remesas de éstos, que son nuestra segunda fuente de divisas.
Ante esta perspectiva, a la pequeña oligarquía dominante, al PAN y a sus aliados en el PRI, les urge privatizar a PEMEX, alegando que está en crisis. Según creen, llegaría dinero “fresco” que, una vez más, taparía sus ineficiencias y atenuaría la profundidad de los problemas. Y hasta sueñan que con ello podrían lograr en 2009 una votación que les permita acabar de saquear al país con leyes a modo dictadas en las cámaras.
Pero lo que está en crisis no es PEMEX sino el modelo socioeconómico que este grupo representa. Lo que quieren no es evitar una crisis al país, sino salvar el esquema económico y político que han impuesto, e incluso robustecer el régimen elitista mediante una nueva orgía de concesiones, negocios turbios y enriquecimiento fácil, mientras las mayorías se siguen empobreciendo.
Es evidente que el proceso de privatización impuesto desde hace 25 años no es el modelo a seguir. Carlos Salinas de Gortari reprivatizó la banca y vendió Telmex, lo que trajo grandes flujos de capital (1991-1993); aún así, se dio la crisis a fines de 1994 y no hemos salido del estancamiento. El proceso de privatizaciones ha continuado en la industria del acero, la aviación, la minería, la infraestructura, incluyendo la participación creciente de la inversión privada en la CFE y PEMEX desde 1997 hasta la fecha (en el 2007, del total de la inversión realizada en Pemex, el 95% fue privada). A pesar de ello, la economía y con ella la sociedad, van de mal en peor. Lo que se requiere es el cambio del modelo; y la sustitución de ese grupo en el poder, que se ha caracterizado por su incompetencia, corrupción y carencia absoluta de sensibilidad social.
Estados Unidos y las grandes corporaciones son parte del festín que se prepara. A éstos les interesa intervenir directamente en la industria petrolera mexicana y ser rectores en el negocio. Los grandes yacimientos de petróleo fácilmente extraíble de Estados Unidos y de Arabia Saudita han llegado a su punto de declive. Apoderarse de los más importantes yacimientos es parte de su estrategia de dominio global. Estamos en grave peligro como país. Una vez que sus empresas se asentaran aquí, nada los detendría; pronto verían la manera de tener control, incluso militar, sobre nuestros yacimientos, plantas y gaseoductos.
Estimulados por el olor a negocios, desde el poder se ha comenzado a seducir o sobornar a funcionarios, legisladores, medios de comunicación y comunicadores para que se difundan mentiras o verdades a medias que impidan a la población tomar decisiones informadas. Falsedades como la carencia de recursos y de tecnologías propios para impulsar a PEMEX, campean cínicamente. Privatización y corrupción están indisolublemente hermanadas.
Los mexicanos no nos dejaremos engañar con galimatías para encubrir la privatización. Con la pretensión de ocultar su verdadero propósito, los traidores a la patria juran que no quieren privatizar a PEMEX, sino tan sólo “reformarlo”, “democratizarlo”, “sanearlo”, “modernizarlo” o promover “asociaciones” y “alianzas”. Estos términos no son más que parte del nuevo Diccionario de Sinónimos Privatizadores. El fondo del asunto es que se permita a manos privadas aprovecharse de un recurso vital que es y debe seguir siendo público. Llámese como se llame, eso es privatizar nuestra empresa estratégica.
¿Qué ocurriría si se permite la abierta participación de capital privado en PEMEX?
Los que adquieran acciones de PEMEX u otras concesiones “legales”, empresarios en busca de máximos rendimientos, muy pronto elevarían aun más los precios de los combustibles, presionarían al gobierno para que los impuestos con que hoy se sangra a PEMEX no se aplicaran a ellos. Finalmente las ganancias volarían lejos de aquí, como ya ocurre. Como consecuencia, se reduciría aun más el presupuesto para la educación pública, el sistema de salud, el campo, la cultura; habría mayor deterioro y pobreza. Los impuestos que no ingresen vía PEMEX tendrían que salir de nuestros bolsillos; hasta un sector de los empresarios se vería seriamente afectado. Tendríamos un gobierno aún más débil y sin capacidad para defender los intereses de la nación.
Vulnerando la Constitución, ya se han dado pasos privatizadores en el sector energético. Se trataría ahora de violentar por completo el orden constitucional desde reformas secundarias. La privatización, no hay que olvidarlo, se haría contra la Carta Magna. En el momento en que Estados Unidos implementa medidas de protección desde el gobierno, Dinamarca fortalece la presencia del Estado en sus empresas de hidrocarburos y países como Holanda, Brasil y Argentina están dando marcha atrás con las privatizaciones, mientras Bolivia y Venezuela batallan contra la voracidad de las transnacionales petroleras, en México, a contracorriente, gobernantes obtusos y al servicio del gran capital, dan la espalda a la Constitución y se empeñan en privatizar lo que es de la nación.
Un gran peligro para la nación
Es un momento crucial. Con la privatización de PEMEX se cancelaría uno de los instrumentos fundamentales para proyectar nuestro futuro. Está en juego el porvenir de México como nación independiente y digna.
Vivimos uno de los momentos más graves de nuestra historia. Pero no nos cabe duda de que, con la Constitución en la mano, mexicanos y mexicanas de todas las edades, creencias y organizaciones, en todos los rincones del país, sabremos realizar una movilización nacional jamás vista para impedir este atropello, este descarado despojo. Levantaremos la meta combinada de Impedir la participación privada en PEMEX e impulsar un cambio verdadero que logre desterrar el gran desorden económico, político, legal y social imperante. Que no se equivoquen los privatizadores. Si se aventuran a lanzar su iniciativa, el destino de PEMEX no se decidirá en las sombras de los gabinetes o los despachos, sino en las calles.

Grupo Sur: Guillermo Almeyra, Cristina Barros, Armando Bartra, Marco Buenrostro, Elvira Concheiro, Héctor Díaz-Polanco, Javier Flores, Víctor Flores Olea, Gerardo de la Fuente, Rosa Elena Gaspar de Alba, Arturo Huerta, Epigmenio Ibarra, Massimo Modonesi, Lucio Oliver, Carlos Payán, Consuelo Sánchez, John Saxe-Fernández, Gabriel Vargas Lozano y Sergio Zermeño.

GRUPO SUR. Documento 4

El Rey va desnudo: de mentiras, uniformes y sotanas Grupo Sur

10 de junio de 2007

I.
El gobierno de Felipe Calderón carece de legitimidad. El rey está desnudo y todos lo notan. Por pudor y por necesidad va buscando reconocimientos. Además de aquella parte del país que desde un principio desconoció un presidente surgido de un fraude electoral, el propio gobernante y los grupos de poder que lo impusieron también están preocupados por la falta de títulos democráticos del régimen, Por eso el presidente de facto parece no tener autoridad para encabezar, convencer y ser respetado por sus propios apoyos: los grupos empresariales, las corporaciones, los monopolios de los medios.
Para cubrir su desnudez se viste de militar e invoca a la unidad nacional. El ejército está en las calles, aparentemente para combatir el narcotráfico, aunque el objetivo a mediano plazo es inhibir, reprimir y criminalizar la protesta social y la disidencia política.
Por otra parte, es sabido que el narcotráfico arraiga y prolifera en los palacios, en la descomposición moral de la clase gobernante; en las calles sólo recluta a las víctimas del abandono social. Al mismo tiempo, la invocación de la unidad nacional resulta ser una cínica mistificación frente a un país dividido, no sólo por sus opiniones políticas sino además por las desigualdades sociales que ahondan la fractura entre la oligarquía siempre más poderosa, y los sectores populares cada vez más desamparados. Más aún, cuando la supuesta unidad nacional se traduce en la súbdita solicitud de colaboración intervencionista al gobierno estadounidense al estilo del Plan Colombia, cuyo resultados han mermado la soberanía colombiana, reforzado la cultura represiva y dejado intacto el poder del narcotráfico en este país latinoamericano.
Llamamos a no permitir que las Fuerzas Armadas se enseñoreen de las calles del país, hoy, para librar una supuesta guerra al narcotráfico; mañana como ha ocurrido ya antes, para reprimir las legítimas protestas sociales. Los problemas sociales se resuelven con desarrollo y democracia, no con la violencia de Estado.
II
Asistimos a la institucionalización de la mentira. El caso más indignante ha sido el de la indígena Ernestina Asencio. En el reino de la mentira, dejaron de existir los organismos llamados autónomos. En su camino autoritario, el régimen calderonista eliminó en los hechos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos con sus lamentables intervenciones en el caso Asencio y la despenalización del aborto. El IFE había sido desvirtuado ya desde julio de 2006. Es previsible que el calderonismo dirija su ataque contra todos los organismos que aún ejercen una mínima autonomía. Habrá que estar alertas sobre el futuro del IFAI, y dispuestos a la defensa de las universidades autónomas y los sindicatos independientes.
El engaño y la falsedad se practican cotidianamente a través de la difusión masiva de spots gubernamentales que tratan de apabullar a la disidencia y a la sociedad con mentiras repetidas obsesivamente para que se conviertan en verdades. Ahora hasta se utilizan, insolentemente, voces de niños para ensalzar al “señor presidente”.
Consideramos que, por ley, debe prohibirse el uso del dinero público para la difusión propagandística de los programas gubernamentales o para lisonjear a cualquier autoridad. La sociedad no necesita que se le estén machacando día y noche las “grandezas” del gobierno.
III
A pesar de tantos agravios y del desánimo que producen, hay luchas que se han dado y cuyos saldos son alentadores. Son muestra: la despenalización del aborto en el Distrito Federal y los avances en la Suprema Corte respecto de la “Ley Televisa”; la lucha sostenida de la APPO a pesar de la represión; la resistencia contra la presa en La Parota en Guerrero y contra la Minera San Xavier en San Luís Potosí. Son estratégicas, en perspectiva, la lucha contra la Ley del ISSSTE y las acciones para proteger el maíz. Estos y otros esfuerzos colectivos confirman que vale la pena resistir.
Hay que subrayar cómo el repudio ciudadano a la “Ley Televisa” provocó una sentencia de la Suprema Corte de enorme trascendencia política. La lucha contra el duopolio televisivo, órgano de difusión de las mentiras de Estado, a pesar de la complicidad de la mayoría de los legisladores, puede contar ahora con argumentos jurídicos que asientan el sentido anticonstitucional de proyectos de legalización de la colonización perpetua e irrestricta de todos los medios de información y comunicación en favor de intereses privados ya consolidados. La libertad de expresión se realiza permitiendo el desarrollo del pluralismo social y político en los medios y no garantizando la libertad de concentración oligopólica en manos de unos cuantos poderosos. Es necesario que se promueva un debate social sobre el papel de los medios de comunicación masiva en México.
Por otra parte, festejamos el logro de un importante avance al obtenerse, en la Ciudad de México, el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas, a pesar de las fuerzas derechistas que dentro y fuera del país, buscan imponer en las naciones el desarrollo políticas públicas a partir del dogmatismo, aun en contra de la opinión ciudadana y el interés general.
Mientras Calderón visita al Papa Benedicto XVI para envolver su desnudez en paños legitimadores, lo que está en discusión en nuestro país es la vigencia de un Estado laico. Habrá que prepararnos para defenderlo frente a una derecha conservadora y reaccionaria.
IV
Desde las trincheras de la resistencia, hay que desarrollar más eficacia y más audacia. El país requiere que sus fuerzas progresistas se unan en la resistencia, más allá de la improbable unificación partidaria u organizativa, en el plano de convergencias sociales guiadas por principios éticos y políticos. Es necesario que, enfrentados al régimen de la mentira, desarrollemos los medios para defender y difundir la verdad en la esfera pública. Frente a un sistema de comunicación masiva mediante el cual el grupo dominante transmite sus mentiras, se requiere constituir un contra-poder informativo por medio de radios, videos, imágenes, audiovisuales, periódicos, expresiones artísticas diversas y todo lo que sea necesario para que se desarrollen la conciencia y la crítica.
Desde hoy, podemos y debemos pensar y construir, más allá de los límites defensivos que nos impone la agresión cotidiana, los rasgos del México de mañana. Tantas luchas y experiencias latinoamericanas recientes nos mostraron cómo, lo que es declarado imposible se puede realizar a partir de la voluntad colectiva. Proyectemos las luchas de hoy hacia la sociedad que queremos construir.
Grupo Sur: Guillermo Almeyra, Cristina Barros, Armando Bartra, Marco Buenrostro, Elvira Concheiro, Héctor Díaz-Polanco, Javier Flores, Víctor Flores Olea, Gerardo de la Fuente, Rosa Elena Gaspar de Alba, Arturo Huerta, Epigmenio Ibarra, Massimo Modonesi, Lucio Oliver, Carlos Payán, Consuelo Sánchez, John Saxe-Fernández, Gabriel Vargas Lozano y Sergio Zermeño.

GRUPO SUR. Documento 3

VALE LA PENA RESISTIR

Grupo Sur


Los movimientos, fuerzas y organizaciones progresistas y de izquierda están siendo sometidos a una presión creciente a fin de que cedan en su denuncia del carácter ilegítimo del gobierno de Calderón y pacten con él alguna forma de reconocimiento, explícito o implícito.

1. Los buenos consejos

La resistencia es objeto de mofa y caricaturización. Se tilda a los resistentes como inmaduramente “enojados”; se elaboran argumentos acerca de la ineficacia de una postura que “dilapidaría” un supuesto capital político y confinaría a la izquierda al aislamiento, al desahogo testimonial. A menudo, la cantinela asume tonos paternales y condescendientes: feroces adversarios de la izquierda ahora le dan consejos, se dicen interesados por el “bien” y el futuro de la izquierda que, de no mostrarse sumisa y resignada, podría debilitarse y sufrir daño.
Desde luego la inmoralidad de pactar con quienes confiscaron por medio del fraude la voluntad ciudadana es echada a un lado en nombre del “realismo” o la “sensatez”, al tiempo que se elevan lamentos acerca del talante primitivo o impresentable de estos movimientos u organizaciones tan dispares de las “modernas” organizaciones socialdemócratas europeas.
Frente a esta cargada a favor de ceder ante el régimen de Calderón, en el Grupo Sur afirmamos: Vale la pena seguir resistiendo y echar así los cimientos de un nuevo país. Y observamos, además, que la campaña dirigida a que se olvide lo sucedido en las elecciones del pasado 2 de julio, aunque dirigida en principio a los partidos, organizaciones, movimientos e individuos declaradamente progresistas y de izquierda, en realidad apunta al ciudadano común, para favorecer que Calderón, por fin, tome posesión de la conciencia de la gente.
El verdadero pacto debe ser entre las fuerzas políticas y sociales progresistas, para sacar al país del pantano de corrupción e injusticias en que se encuentra sumido.

2. Vale la pena resistir por razones ético-políticas

Porque la inmoralidad del fraude electoral no es cuestión menor. Aceptarla significaría no sólo asumir la impunidad como cosa normal, sino renunciar a que sea la voluntad ciudadana la que determine quién gobierna.
Pactar con el gobierno en este punto, significaría continuar con la descomposición de la vida pública que prohijaron setenta años de priísmo y que han llevado a un clímax impensado los años de gobiernos panistas.
Obviar el argumento moral significaría dejar el país, sin más, en manos de la clase política y las oligarquías dominantes que han convertido a México en un país empobrecido, polarizado y desesperanzado. Hay que resistir porque queremos vivir en un mundo posible en el que la política no sea sinónimo de degradación, sino de enaltecimiento humano.

3. Vale la pena resistir por razones de realismo, sensatez y madurez

Porque un examen sereno del carácter del régimen actual, de su historia y devenir, muestran que está impedido para pactar, y más aún cumplir, acuerdos de trascendencia para el mejoramiento y bienestar de la mayoría.
Lo ilegítimo del régimen no sólo está asociado a su origen. El carácter del modelo económico que sustenta el gobierno, su escasa visión de lo social, su afán represivo y excluyente impiden que se pueda pactar con él. Ceñido como está con tales políticas, es imposible que honre el menor acuerdo de fondo con sentido social. Necesitamos otro gobierno. La tarea mínima de los mexicanos es construir la democracia que las fuerzas oligárquicas, hasta hoy, han estorbado.
Exploremos algunos escenarios. ¿Un pacto social, para el empleo y el mejoramiento salarial? Seamos realistas. Ante el alza reciente a los precios y las demandas consecuentes de aumento a los salarios, los conductores de la política económica han subrayado que lo único aceptable es el control salarial (del que sólo se exenta a las fuerzas armadas).
El modelo económico vigente no genera condiciones endógenas para el crecimiento y el bienestar de las mayorías, pues depende de los capitales externos, las remesas, etc., mientras favorece al sector financiero y no al productivo. La economía no crece a niveles aceptables, mucho menos promueve la equidad. Al contrario, se observa una oligarquización de la sociedad. Se nos dice que México será una de las “cinco grandes” economías para mediados de siglo, la economía del “futuro”. Sin embargo, el modelo que el gobierno defiende e impulsa dista mucho de avanzar en tal dirección. El país nos pertenece cada vez menos. La banca, la industria, los centros comerciales son controlados en forma creciente por corporaciones transnacionales que procuran metas contrarias al interés nacional. En resumidas cuentas, en vez de acortar la brecha con las potencias económicas y de reducir las grandes desigualdades de ingreso, el modelo las profundiza, por lo que el futuro no será de “potencia económica”, sino de mayor subdesarrollo y enormes desajustes estructurales que desembocarán pronto en conflictos políticos y sociales.
¿Un pacto para resolver los problemas del campo? Seamos serios. ¿Puede realmente esperarse que el actual gobierno haga algo a favor de la soberanía alimentaria? Asia es inconcebible sin arroz y Europa sin trigo. Pero aquí, en México, nos estamos quedando sin maíz. En 2007, amanecimos pagando casi el doble por la tortilla. Todo porque desde hace 25 años los gobiernos neoliberales dejaron de fomentar la milpa alegando que importar era más barato; de modo que hoy tenemos que comprar maíz fuera y a precios altos. Es el resultado de un modelo que el actual gobierno mantiene porque favorece intereses de grandes corporaciones. Si queremos comer, los mexicanos necesitamos importar más de 100 mil millones de pesos anuales en alimentos, entre ellos el 25% del maíz. ¿Por qué, si éramos autosuficientes, caímos en la dependencia? Porque el modelo de los poderosos indica que hay que renunciar a la soberanía alimentaria en nombre de las “ventajas comparativas”, según las cuales es mejor exportar mexicanos e importar comida que apoyar a los campesinos para que cultiven aquí nuestros alimentos. El resultado ha sido dependencia alimentaria y migración; es decir hambre y éxodo.
El alza de la tortilla es una señal. El tiempo se acaba y si queremos recuperar a México necesitamos retomar las riendas de la nación, rescatando para el pueblo la soberanía que los gobiernos del PRI y del PAN hipotecaron. Soberanía para crear empleos y producir alimentos, pues más que la seguridad -imposible en medio de la pobreza- la tarea mayor de quien gobierna es procurar trabajo digno y comida sana para todos; derechos primordiales (y constitucionales) que no pueden dejarse al arbitrio del mercado.
¿Pactos a favor de la educación, la ciencia y la cultura? Seamos sensatos. El primer acto de gobierno fue reducir los recursos a esas áreas vitales, y el segundo entregar el aparato educativo a la grosera cúpula del SNTE.
¿Pactos para la defensa del patrimonio nacional? Seamos prácticos. Ningún acuerdo de los gremios con el gobierno va a detener la gran ambición del régimen y de los intereses que lo cobijan: privatizar los recursos naturales del país.
¿Una reforma fiscal en pro de la equidad? ¿En un país en que los potentados, con el favor del gobierno, han convertido las triquiñuelas para la evasión en una de las bellas artes?
¿Pacto para asegurar la seguridad pública? Seamos críticos. Si el Secretario de Gobernación y el Procurador no son investigados y procesados por violaciones a los derechos humanos, si se mantiene como hasta hoy la impunidad de los autores de violaciones terribles (Guadalajara, San Salvador Atenco, Las Truchas, Pasta de Conchos, Oaxaca), ¿qué seguridad pueden esperar los ciudadanos? Los cárteles de la droga y el crimen organizado en general subsisten a partir de sus vínculos con el aparato de Estado. Así, los “operativos” nunca se dirigirán a donde deberían; y aquéllos terminan siendo un gran espectáculo y una impostura.
¿Pactos, en fin, para mejorar la calidad de la vida social? ¿Por la equidad de género, por ejemplo? ¿Cómo puede alguien decir que no permitirá la violencia contra las mujeres, mientras al punto acude a legitimarse con Mario Marín?
La gran pregunta es si los mexicanos necesitamos un pacto con el gobierno para que éste observe las garantías individuales consignadas en nuestra carta magna y respete los derechos humanos, de conformidad con los compromisos internacionales que el país ha signado ¿Los derechos y garantías tienen que ser pactados en este país?
Hagamos además memoria: ninguno de los “pactos” que los regímenes neoliberales han signado con las fuerzas progresistas ha sido cumplido. Botones de muestra: el pacto por el campo fue una burla; los Acuerdos de San Andrés fueron un caso extremo de cinismo.
En todo caso, lo que corresponde es emplazar al actual gobierno para que atienda los reclamos sociales (desde restituir los salarios y evitar el alza de los precios de los alimentos básicos hasta atender los problemas del campo) y políticos (respeto a la voluntad popular). Pero este emplazamiento no es meramente un ejercicio de “diálogos” o “acuerdos” que en décadas no han conducido a nada, sino una exigencia de definiciones prácticas que sólo podrían ponerse a prueba con la fuerza social en movimiento de los mexicanos.
Por lo demás, no debemos omitir la posición que ha sido asignada el régimen calderonista en el concierto internacional contemporáneo: la de esquirol, en alianza con Estados Unidos y países como Colombia, para sabotear los esfuerzos democráticos y autonómicos latinoamericanos. Un gobierno así ¿tendrá alguna posibilidad de asumir una política interna que implique un giro en contra de los dictados del capital financiero mundial, hacia la democracia, la soberanía y el bienestar de la mayoría? Mientras en países como Venezuela, Bolivia y Ecuador sus pueblos se dirigen, por ejemplo, hacia la socialización de sus recursos estratégicos, la construcción democrática vía la participación popular en la definición de las políticas públicas y la consolidación de su independencia, México se hunde en la subordinación y la desnacionalización crecientes, particularmente en favor de los intereses norteamericanos.
Es duro, tenemos que reconocer que este régimen está limitado estructuralmente para acordar acciones verdaderamente relevantes de cara a la democracia y el bien de todos. Sería fantástico que las fuerzas progresistas, bien portadas, “modernas”, pudieran sentarse con el gobierno a pactar el bien común; pero hace falta sensatez para admitir que ello no va a ocurrir, pues lo que tenemos enfrente es un bastión de primitivismo neoliberal. En fin, hace falta asumir el hecho de que, dados sus compromisos políticos y limitaciones estructurales, los pactos que hoy se realicen con el régimen no serán sino coartadas para otorgarle una legitimidad que no posee.

4. Vale la pena resistir por razones de eficacia política

Resistir significa hacer política y hacerla bien. Es precisamente por la fuerza que hemos alcanzado y porque no queremos dilapidarla, sino conservarla y acrecentarla, que debemos seguir resistiendo de manera organizada.
Es cierto que en la vida cotidiana las organizaciones sociales, políticas y gubernamentales, deben convivir y entrar en conciertos de diverso tipo. Los representantes y gobernantes de la izquierda deben saber transitar con dignidad por los canales institucionales, sin traicionar la resistencia popular a la imposición. Mientras se resuelve la crisis, las dos vías deben ensayarse con sabiduría. Pero no queremos ver a nuestros representantes y dirigentes con un discurso transformador y, al mismo tiempo, negando las metas democráticas en el marco de las instituciones. Por el contrario, se requiere eliminar la brecha entre la política institucional y la sociedad. No se trata de dejar de llegar a arreglos y de mantener un ambiente de civilidad social. Pero en este terreno es importante establecer dos criterios:
Primero: los derechos establecidos en la constitución y en las leyes no tienen por qué estar sujetos a negociación. ¿Por qué los trabajadores tendrían que rendir pleitesías al régimen para tener la vida digna que les asegura el pacto constitucional? ¿Por qué los gobernadores tendrían que inclinar la cerviz para recibir los recursos que el pacto federal les garantiza? Los derechos no están para negociarse, sino para cumplirse. La resistencia, la movilización, la fuerza social, son el único aval de su cumplimiento.
Segundo: Ante el fraude electoral y la ilegitimidad, lo único que no podemos pactar es la continuación de las políticas del actual régimen. Que se avance en la reforma profunda del Estado, incluyendo la revocación del mandato, la desaparición del IFE actual y la refundación de las instituciones electorales, etcétera; hablemos de todo lo que haga falta para la creación de otro Estado con justicia y democracia. Pero, sería un error pactar para que una minoría siga usufructuando el gobierno a nuestra costa.
La resistencia ante la injusticia, el fraude, la vejación, la inmoralidad, la degradación de la vida pública, es un valor en sí misma. Y es una herramienta eficaz cuando la izquierda marcha y crece unida. Las grandes irrupciones de la izquierda en México, en las últimas décadas –el cardenismo, el zapatismo, el lopezobradorismo- han enarbolado la bandera de la ética, de los valores, de la rectitud moral, de los principios. Es ese pendón el que ha movilizado a grandes multitudes y ha dado su fuerza al movimiento popular. Con él se transformará el país. Resistir vale la pena. Debemos seguir por ese camino.

Tlalpan, 28 de febrero de 2007.

GRUPO SUR: Guillermo Almeyra, Cristina Barros, Armando Bartra, Marco Buenrostro, Elvira Concheiro, Héctor Díaz-Polanco, Víctor Flores Olea, Javier Flores, Gerardo de la Fuente, Arturo Huerta, Epigmenio Ibarra, Massimo Modonesi, Lucio Oliver, Carlos Payán, Consuelo Sánchez, John Saxe-Fernández, Gabriel Vargas Lozano y Sergio Zermeño.

GRUPO SUR. Documento 2

Alto a la tentación dictatorial
Grupo Sur

1. Las fuerzas de la derecha, representadas por Felipe Calderón, han dado muestras de un impulso autoritario que de no ser detenido inmediatamente por la resistencia social, podría desembocar pronto en un régimen abiertamente totalitario. El gobernante impuesto se conduce como si hubiese obtenido una aplastante victoria electoral el pasado 2 de julio, y la ilegitimidad de la violencia que comienza a poner en juego podría dirigir al país hacia una dictadura.
Algunos síntomas de la proclividad al autoritarismo son los siguientes:
- La criminalización de la protesta social y el uso faccioso de leyes e instituciones para amedrentar a dirigentes sociales y a la población en general.
- La colocación de fuerzas del ejército, vestidas de verde o camufladas de azul, en las calles de muy diversas zonas del país, mientras el señor Calderón se exhibe con atuendo militar.
- El control faccioso y mendaz de los medios de comunicación, de los que progresivamente se eliminan voces disidentes, al tiempo que se toman medidas persecutorias contra emisores que osan dar un mínimo espacio a la crítica.
- El nombramiento, cínico y retador a la inteligencia social, de un gabinete en el que se incluyen violadores de los derechos humanos, ex funcionarios de funestos organismos internacionales, bandoleros corporativos y corruptos de amplia fama pública.
- La campaña desaforada de odio y estigmatización, que continúa la que echó a andar Vicente Fox en contra de Andrés Manuel López Obrador y el movimiento social que lo acompaña. La derecha no ahorra epítetos y groserías; "loco" o “mesías” son los términos más sutiles con los que locutores y lisonjeros del poder suelen referirse al Presidente Legítimo de México.
- La represión a los que piensan diferente que despunta en las oficinas gubernamentales. Comienzan a darse casos de acosos a servidores públicos y despidos por razones de preferencias políticas e ideológicas.
- La colusión del poder judicial con los poderes fácticos, como lo ilustra la escandalosa exhibición del hasta hace poco presidente de la Suprema Corte con el todavía gobernador Mario Marín, y la “donación” por éste de un terreno al órgano judicial que debe juzgarlo.
- El ataque, vía formulación presupuestal, a la educación, la ciencia y la tecnología, el campo, el desarrollo social y la cultura.
Como nunca antes en México, la tentación autoritaria del régimen asume un carácter abiertamente clasista, incluso racista. Con tal de sostener los privilegios de las élites políticas y económicas, mantener contra viento y marea las instituciones e intereses del Imperio (que al parecer ya nombra directamente funcionarios en nuestro país), se es capaz de todo: matar, encarcelar, torturar, hacer ostentación de pactos con los grupos político-caciquiles.
Los integrantes del Grupo Sur hacemos un llamado a todos los ciudadanos democráticos, trabajadores, indígenas, jóvenes, mujeres, empresarios nacionalistas, intelectuales y estudiantes, a todos los que están siendo amenazados, excluidos y amedrentados por el bloque de la derecha, a movilizarnos para detener, de inmediato y de tajo, ese derrotero.

2. La violencia autoritaria de la derecha pretende sofocar la indudable fuerza no sólo de la izquierda, sino de la sociedad que se organiza y los ciudadanos en general. La desesperación de la derecha es producida por:
- La deslegitimación creciente de su modelo económico y de dominación. El régimen neoliberal sufre una profunda crisis de hegemonía, pues la mayoría del pueblo mexicano lo repudia; y la sustitución del respeto social por la adulación pagada de los medios, no hace sino deslegitimar cotidianamente, aún más, las bases de su poder.
- La creciente fuerza de la izquierda social que, en Oaxaca ejemplarmente, puede sostener un movimiento de resistencia durante meses y sobrevivir a un ataque estatal en toda regla. Fenómenos de tenaz resistencia se diseminan en todos los rincones del territorio nacional
- El sorprendente poder de convocatoria de Andrés Manuel López Obrador, que ha sido capaz de movilizar a millones de mexicanos contra la imposición y por un básico proyecto democrático.
- El agotamiento del modelo neo oligárquico en todo el subcontinente latinoamericano, que va dejando cada vez más aislado al régimen fondomonetarista de la derecha panista.
Es nuestra fuerza, no nuestra debilidad, la que hace soñar a la derecha con soluciones dictatoriales. Necesitamos volcar esa fuerza sobre las calles, sobre los medios, en los análisis y debates, para detener los delirios represivos de la derecha.

3. Poner un dique a la tentación dictatorial calderonista es acción inmediata que no riñe, sino al contrario, con la responsabilidad de construir un proyecto de nación alternativo. Sobre la base de impedir el desmantelamiento de lo que queda del Estado social mexicano, que debe unir a todas las manifestaciones ciudadanas en resistencia, se requiere crear nuevos diseños económicos, institucionales y nuevas prácticas políticas que cristalicen en un México renovado, democrático, justo e incluyente. Para ello, se requiere impulsar un vasto proceso de autoorganización de la sociedad que se enfrente, sobre todo, al modelo neoliberal excluyente. Los primeros meses del 2007 deben ser un período de entusiasta e imaginativo esfuerzo de organización.
El Grupo Sur considera que la unidad de propósitos de todas las fuerzas progresistas es una condición indispensable para la transformación del país. Todas las formas organizativas, todos los proyectos transformadores, las más variadas prácticas han de confluir en una coordinación compleja, en un bloque histórico que sea capaz de poner en acto el poder social frente a los mezquinos intereses privados. Hacemos un llamado a la Convención Nacional Democrática, a la APPO, a La Otra Campaña, a las organizaciones del Diálogo Nacional, y a las otras agrupaciones que los sectores sociales resistentes se han dado, para iniciar de inmediato un proceso de acercamiento y unidad cimentado en un programa mínimo. El freno a la predisposición autoritaria del régimen debería ser, en lo inmediato, el primer punto de ese nuevo pacto.

Tlalpan, 10 de enero de 2007.

GRUPO SUR

Guillermo Almeyra, Cristina Barros, Armando Bartra, Marco Buenrostro, Elvira Concheiro, Héctor Díaz-Polanco, Víctor Flores Olea, Gerardo de la Fuente, Arturo Huerta, Epigmenio Ibarra, Massimo Modonesi, Lucio Oliver, Carlos Payán, Consuelo Sánchez, John Saxe-Fernández, Gabriel Vargas Lozano y Sergio Zermeño.

GRUPO SUR. Documento 1

Sobre la Convención Nacional Democrática
Al pueblo de México Grupo Sur

Reunidos para analizar el histórico proceso sociopolítico que actualmente se vive en México, llegamos a conclusiones que compartimos con la ciudadanía:
Durante el pasado proceso electoral hemos sido testigos de gravísimas irregularidades y acciones fuera de la ley, por parte de quienes manejan las instituciones públicas y el poder económico. Mediante el fraude, se pretende imponer a un presidente designado con maniobras que tergiversaron la ley en beneficio del grupo en el poder.
Ante estos hechos, millones de ciudadanos están protagonizando un amplio movimiento social en torno a Andrés Manuel López Obrador y la convocatoria a una Convención Nacional Democrática (CND) que iniciará sus trabajos el 16 de septiembre. La CND debiera asumir tres posiciones claras: rechazar el fraude, desconocer un presidente espurio y proponerse la transformación del país, incluyendo a las instituciones que posibilitaron la violación de la voluntad popular.
Esta Convención reviste una gran importancia histórica; es indispensable que desde su inicio se muestre la decisión y capacidad de organización de este vigoroso y plural movimiento ciudadano. Habrá que fortalecerlo en todo el territorio nacional y entre los mexicanos que se encuentran más allá de nuestras fronteras. Debe incrementarse la participación de los trabajadores, especialmente de la clase obrera y sus sindicatos, aunado a los campesinos, los indígenas y otros grupos organizados.
Además de tener el propósito de impedir que se consume la imposición de un presidente ilegitimo, la CND permitirá consolidar el movimiento y proyectarlo política y socialmente más allá del propio proceso electoral. En última instancia se trata de refundar la República a través de un congreso constituyente. Una vez más, la lucha por la democracia electoral se ha convertido en el punto de confluencia de otras reivindicaciones que involucran la construcción de la ciudadanía y la justicia social.
El desconocimiento de las caducas instituciones implica un posicionamiento indispensable en la línea del cambio que requiere el país, y no supone búsqueda alguna de enfrentamiento. Es porque se valora el papel de las instituciones y la leyes en una sociedad democrática, por lo que no puede aceptarse que aquéllas hayan quedado convertidas en instrumentos de la injusticia y de la violación del sentir popular. El movimiento habrá de transitar por dos vías paralelas (que no deben ser contradictorias entre sí ni estorbarse, sino reforzarse mutuamente): la institucional que incluye a los partidos, a los legisladores y a las autoridades elegidas a partir de candidaturas de la Coalición por el Bien de Todos que hagan suyas las premisas que articulan este movimiento, y la de la ciudadanía organizada en torno a la CND. El movimiento debe mantener en todo momento su independencia respecto del sistema.
La CND se presenta como una oportunidad única para lograr que la ciudadanía aporte sus aspiraciones y propuestas, haciendo suyos los documentos que surjan de estos trabajos, a través de la reflexión y el análisis. Para reforzar el carácter social del movimiento, los delegados ante la Convención habrán de comprometerse a luchar por las reivindicaciones propias de las organizaciones o grupos que representan, al tiempo que luchan por una democracia social y política. La organización y la comunicación son elementos fundamentales para lograrlo.
Más allá de la decisión que tome la CND respecto del nombramiento de un “Presidente de México”, “Coordinador de la resistencia”, etcétera, lo fundamental es que exprese el rechazo popular a la imposición y que se definan claramente las tareas que esa figura política habrá de impulsar. Sus funciones y las del órgano popular que presida (llámese “gobierno” o “coordinación”) no serán las tradicionales, sino las de conducir la transición democrática hacia la construcción de una nueva república y un país, libre y justo.
Este movimiento social habrá de proponerse metas inmediatas. Entre ellas, obstruir la imposición del presidente ilegitimo, lo que va más allá de impedir la toma de posesión formal o protocolaria, pues lo significativo es evitar que el fraude y la presidencia espuria tomen posesión en las consciencias de los mexicanos. Asimismo, es vital ejercer desde ahora el veto popular, sustentado en los partidos y los ciudadanos democráticos, para frenar las iniciativas neoliberales que provengan del PAN y, en general, del bloque de la derecha. Habrá de presentar igualmente, iniciativas de transformación política, económica y social en favor de la democracia mexicana, como es el caso de la revocación del mandato.
Será indispensable, sin embargo, no perder de vista que esta es una lucha de mediano y largo plazo, cuyo logro más importante será consolidar un proyecto nacional alternativo de izquierda, que haga realidad la democracia y la justicia social, con la consiguiente transformación a fondo de las instituciones y el establecimiento de formas de participación y decisión de la sociedad en los asuntos públicos.

Tlalpan, 13 de septiembre de 2006.

Por el Grupo Sur: Guillermo Almeyra, Cristina Barros, Marco Buenrostro, Elvira Concheiro, Héctor Díaz-Polanco, Víctor Flores Olea, Gerardo de la Fuente, Arturo Huerta, Massimo Modonesi, Lucio Oliver, Carlos Payán, Consuelo Sánchez, Gabriel Vargas Lozano y Sergio Zermeño.